La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó este jueves la prórroga de la suspensión de juicios fiscales y amplió el plan de facilidades de pago a entidades sin fines de lucro, el sector de salud, MiPyMEs y pequeños contribuyentes.
A través de la adecuación de la Resolución General 5.628, publicada en el Boletín Oficial, se confirmó formalmente la extensión del plazo de suspensión de juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.
La disposición contempla a las micro, pequeñas y medianas empresas (Tramos 1 y 2) que posean el "Certificado MiPyME" vigente a la fecha de dictado de la norma. Asimismo, la prórroga abarca a las personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes, a las entidades sin fines de lucro y a los contribuyentes pertenecientes al sector de la salud.
En el texto oficial, el organismo aclaró que la suspensión dispuesta no limitará su accionar en casos de grave afectación de los intereses del Fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente.
En paralelo, se introdujeron modificaciones a la Resolución General 5.875 con el fin de facilitar la regularización tributaria, aduanera y de los recursos de la seguridad social. De esta manera, se dispuso la ampliación de obligaciones comprendidas y se fijó un nuevo plazo de acogimiento.
Con respecto al primer punto, se determinó que el régimen especial pasa a incluir aquellas deudas tributarias y multas aplicadas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive. Así se extiende el límite previo que alcanzaba solo hasta el 30 de junio de 2026.
En cuanto al periodo de suscripción, quedó establecido que las solicitudes de adhesión se podrán realizar hasta el 30 de junio de 2027, inclusive, mediante la plataforma web "Mis Facilidades", que posee el organismo.
Si bien la norma entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el sistema informático habilitará la opción para incorporar las deudas vencidas al 31 de octubre a partir del 16 de noviembre de 2026.
Las medidas habían sido anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la 32.ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), con el fin de brindar a las empresas “herramientas que fomenten su desarrollo, el impulso del empleo y el crecimiento de las exportaciones”.
El Gobierno de Mendoza, en tanto, propuso suspender las ejecuciones y embargos para las pymes hasta el 31 de diciembre de 2026 (con la posibilidad de prórroga por seis meses), ampliar a 18 cuotas los planes de regularización -hasta ahora, eran 12- y la posibilidad de compensar las deudas de impuestos patrimoniales con saldos a favor de Ingresos Brutos. También la reducción de hasta 50% en las multas por este impuesto y el de Sellos.
Desde el sector empresario celebraron estas decisiones, pero sostuvieron la preocupación por la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.
El presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli, evaluó que las medidas anunciadas van en el sentido correcto y que, tanto desde la UIM como desde la UIA (Unión Industrial Argentina), venían advirtiendo por la velocidad de los embargos de ARCA y ATM (Administración Tributaria Mendoza).
Asimismo, indicó que el Gobierno nacional y el provincial suelen tener saldos a favor de las empresas, por anticipo de pagos de impuestos.
En este sentido, resaltó que, lejos de que se esté financiando a las pymes, más bien sucede lo contrario: cuando se produce la devolución, meses después, no se actualiza el monto por inflación, mientras que, si la empresa se atrasa y le embargan, debe pagar la multa y los costos de levantar esa medida (más, en ciertos casos, los intereses del financiamiento bancario para poder cancelar la deuda).
El ministro de Economía, Luis Caputo, durante la conferencia anual de la UIA
Díaz Telli también consideró importante avanzar en la cuenta corriente tributaria única que mencionó Caputo. Esto es, que los saldos a favor de las empresas se puedan usar, como vienen reclamando desde hace tiempo y ahora proponen el Gobierno nacional (para las exportaciones) y el provincial (para los impuestos patrimoniales), para cancelar cualquier impuesto.
“Ahora, el Gobierno me dice ‘te debo $500 mil de Ingresos Brutos que te retuve hace seis meses, pero hoy se te vence la cuota del impuesto Automotor’. Y esos $500 mil ya valen un 10% o 20% menos”, ilustró el dirigente industrial.
Pese a eso, señaló que esperaban alguna medida adicional para favorecer el financiamiento de capital de trabajo, que permita invertir y crecer. Y también que se quite la carga impositiva de los créditos al consumo, porque se trata de una doble imposición, al momento de tomar el préstamo y, nuevamente, cuando se usa ese dinero para comprar un bien. Evaluó importante, además, eliminar el Sellado y sostener la baja progresiva de Ingresos Brutos.
El presidente de la Federación Económica de Mendoza, Santiago Laugero, expresó que lo propuesto desde Nación y desde la provincia está en línea con lo que vienen planteando como preocupación desde un buen número de cámaras, aunque reconoció que, desde ciertas entidades, se planteado algunos ajustes que podrían realizarse, como bajar el costo del financiamiento con ARCA.
Laugero subrayó que necesitan que se reactive el movimiento económico para que las pymes puedan recomponer su situación, pero que estas medidas descomprimen un poco la coyuntura.
La mirada de Gabriel Bravo, presidente de la Delegación Mendoza de Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), fue más crítica. Recordó que hace dos años vienen pudiendo que se declare la emergencia pyme en el país y que, si bien el proyecto planteaba algunas medidas similares a las anunciadas ayer, había diferencias. Por ejemplo, la suspensión de las ejecuciones no era por seis meses, sino por un año.
